Homenaje a Daniel Estrada Pérez

PARTIDOS REGIONALES UNA NECESIDAD HISTÓRICA

DANIEL ESTRADA PÉREZ

1. Los partidos políticos frente al Estado y la sociedad.
Desde una perspectiva contemporánea, parece inútil hablar de partidos políticos y hasta ingenuo normar su vida institucional. Sin embargo, tras la profunda crisis que sacudió las estructuras políticas del mundo moderno, comienza a imponerse un nuevo consenso: “sin un sistema de partidos desarrollados y fuertes es inviable la democracia”. Esta es una lógica conclusión a la que arriban tanto las sociedades desarrolladas y/o subdesarrolladas. En las últimas, la pobreza tuvo que ver con la ausencia de políticas institucionales de largo plazo, los recursos del Estado fueron utilizados para el bienestar y el interés de determinados sectores y clases económicas. En cierto modo, la política resultó ser acto privado y exclusivo de élites en el poder del Estado.

En este contexto, la democracia, como delegación del poder del pueblo en sus representantes, enfrentó y enfrenta uno de sus más caros problemas: la legitimidad política y los limites del sistema de representación. Es decir, uno de los problemas de la democracia provino y proviene de sus propias entrañas, por tanto requiere de reformas que lo resuelvan.

Por su parte, el sistema de partidos se hace necesario en función de la división fáctica entre Estado y sociedad, que aparecen como dos espacios separados, pero que requieren vínculos y correas de transmisión; es decir, de partidos políticos que cumplan con realizar la labor de intermediación entre los poderes del Estado y su base civil. Las demandas sociales recogidas por los partidos políticos deben ser transmitidas al Estado para su realización y viceversa. Sobre esta base, las sociedades democráticas han construido un sistema representativo que consiste en la delegación del poder soberano del pueblo en unos cuantos, los representantes.

La crisis de los partidos tiene su origen en el deterioro de las relaciones entre Estado y sociedad; resulta del incumplimiento de la función de intermediación. Cuando la intermediación se ve afectada por el lado del vínculo entre sociedad y partidos políticos se habla de una crisis de representatividad. En el otro aspecto, cuando la crisis afecta la relación entre Estado y partidos políticos se habla de una crisis de legitimidad.

La crisis de representación es resultado de un proceso aún mucho más complejo, que el simple distanciamiento entre sociedad y partidos políticos. Se debe a la carencia de programas coherentes de mediato, inmediato y largo plazo. A la ausencia de una base social que se vea representado en dichos programas. Finalmente, a la falta de representatividad de sus líderes. A las viejas costumbres manipuladoras y a los cacicazgos políticos muy de las políticas finiseculares del Perú del siglo XIX. Esta crisis de representación es también un reflejo de la falta de identificación del ciudadano con el Estado, de su resistencia a participar en la marcha de la cosa pública, vía sus representantes. Finalmente a su secular marginalidad política y a sus profundos abismos sociales y educativos.

Y es que por paradójico que resulte, los representantes y representados están unidos solamente durante el proceso eleccionario, después de lo cual, es evidente la separación, que será mayor cuanto menos fuertes sean los lazos institucionales que los vinculen.

Rousseau considera que la única forma de controlar al representado es por medio de:

1. Que los elegidos no tengan poder propio, para que de esta forma solamente puedan expresar lo que el pueblo les permita y;
2. Que todo aquello que los elegidos decidan sea ratificado por el pueblo.

Ambos argumentos, en particular el segundo, destrozan el criterio de democracia representativa y nos ubican en un contexto impracticable, por lo que son necesarios buscar los términos medios y las situaciones eclécticas que concilien los conceptos de representatividad y controlismo. Las mismas de las que han surgido propuestas como las elecciones adelantadas, típicas y frecuentes de las democracias parlamentarias europeas, la rendición de cuentas, y; recientemente, la revocatoria de autoridades. Todas ellas están inspiradas en resolver el problema de representatividad y fundamentalmente de acortar las distancias que separan a los lideres de sus bases, a los mandantes de los mandatarios.

Estamos ante una verdad incuestionable, la democracia representativa es una realidad vigente en el planeta, que requiere de nexos consistentes entre Estado y sociedad para resolver sus problemas. En resumen, solo las instituciones políticas pueden garantizar la vigencia de la democracia y en particular reducir el abismo que se abre diariamente entre Estado y sociedad.

2. Partidos políticos en el Perú.
De la historia del Perú se desprende que el país no ha tenido una tradición partidaria, menos aún, que las instituciones políticas hayan sido estables y duraderas en el largo plazo. Desde sus inicios, la democracia peruana como sistema de gobierno ha estado basada en el condicionamiento de diversos grupos organizados en torno a caudillos, civiles o militares, los que de una u otra forma fueron dando los contenidos a la confrontación del Estado republicano.

En los años posteriores a la República temprana, la sucesión en el poder fue marcada por el signo de la dictadura y la ausencia de procesos democráticos resultado de una elección ordenada e institucional. Por lo general, los partidos políticos del siglo anterior se caracterizaron por su efímera existencia y total ausencia de marcos institucionales. Un ejemplo que escapa a esta situación es el Partido Civilista, que surgió y permaneció en el contexto de toda una época que va desde Pardo hasta Piérola y su revolución, prolongándose hasta Leguía.

La historia política peruana, en cuanto a partidos políticos se refiere, cobra importancia en el presente siglo y en particular de 1930 en adelante.

Este es el único esfuerzo que en forma prolongada y consistente ha permanecido en nuestro tiempo. Sugiriendo una posible periodificación, de acuerdo a la historia del Perú, este período presenta siete etapas definidas:

a. la etapa oligárquica de 1930-1956 (Sánchez Cerro, Samanez Ocampo, Benavides, Prado, Bustamante y Rivero y Odría);
b. la etapa de transacción y transición 1956- 1968 (Odría, Prado, Pérez Godoy- Lindley y Belaunde Terry);
c. la etapa de democracia sin democracia y la tesis del no partido de 1968-1975 (Velasco Alvarado);
d. la etapa de la transición democrática 1977-1980 (Morales Bermúdez);
e. la etapa del retorno democrático en crisis y guerra (Belaúnde y García);
f. la crisis de los partidos su satanización y el independentismo, década de 1990 al 2000 (Fujimontesinismo.
Gobierno de Transición de Valentín Paniagua); y
g. La restauración de los partidos del 2001 en adelante (Toledo).

La etapa oligárquica se caracterizó por la emergencia del APRA y el Partido Socialista Comunista como los principales referentes políticos de una sociedad en cambio. Ambos expresaban los intereses de los excluidos y marginados del pacto entre oligarquía y gamonalismo que dominaba los años 30. Sinesio López describe de esta época: “Las razones del carácter excluyente de la política en ese período no hay que buscarlas sólo en la cultura señorial, elitista discriminatoria y racista de la oligarquía sino también en la forma restrictiva y excluyente de su dominación y en su incapacidad distributiva del ingreso debido a la presencia imperialista cuyas utilidades y remesas limitaban el tamaño de la torta que podía ser repartida”. Es decir, que el fenómeno exclusionista que se daba en la escena política tenía raíces más hondas que se expresaban en el terreno económico y social, por tanto la exclusión política solo era una natural expresión de la marginación social en la que se basaba la organización del Estado oligárquico.

En ese marco objetivo llegan a las universidades peruanas determinadas corrientes filosóficas, como el positivismo de Augusto Comte, el pragmatismo de Bergson, el naturalismo de Guyau que obligan a repensar al Perú como nación, como territorio histórico y realidad social. Se descubre entonces que la república ha sido incapaz de superar la realidad política de la colonia, que la carencia de partidos políticos era el reino de la impunidad para las clases políticas, que la frecuencia de los golpes de Estado militares era una de las causas fundamentales del atraso secular del Perú. Obligando a la formación de los grandes partidos políticos en la década del veinte, con los ejemplos de la revolución mexicana y la revolución rusa. Posteriormente se agregan las versiones criollas de los socialismos de la Segunda Internacional e incluso atisbos del fascismo italiano.Discurriendo por esos hechos se formó el Frente Democrático Nacional que postuló a la Presidencia de la República a Bustamante y Rivero. En esa oportunidad el Apra, demostró que había comprendido que la mejor forma de realizar las reformas populistas que pregonaba se daría en la conducción del Estado, para ello requerían abandonar la política de confrontación, para construir una propuesta de gobernabilidad lo más amplia posible y derrotar a la oligarquía. Esto fue posible hasta 1948, cuando el escenario de negociación y transacción logrado en 1945 fue quebrado por medio del golpe de Estado del General Manuel A. Odría.

El siguiente período de transición y transacción (1956-1968) alteró la confrontación y los principales actores políticos lograron construir, nuevamente, algunos canales de negociación y transacción, que se vieron fortalecidos por el posterior acuerdo entre el APRA y el partido Restaurador del dictador Manuel Odría, que dio origen al gobierno de la convivencia. Si el periodo anterior era de disputa entre las fuerzas políticas que conducían y dominaban el Estado y los partidos excluidos de su manejo, la nueva confrontación se dio en el propio seno del Estado. Ello es más que evidente a partir del año de 1963 con la elección de Belaúnde Terry, cuya alianza AP-DC (Acción Popular-Democracia Cristiana) tenía el comando del Ejecutivo, en tanto la alianza APRA- UNO (APRA-Unión Nacional Odriista) o Coalición del Pueblo, conducía el Legislativo. La tercera característica de este período es el surgimiento de nuevos movimientos políticos, como Acción Popular, la Democracia Cristiana y el Social Progresismo y la izquierda, todos ellos con características elitistas y centralistas.

Tampoco se puede olvidar que en esos contextos irrumpe la izquierda, afiliada a la tercera internacional y cuyo programa tienen como sustento las tesis filosóficas del marxismo – leninismo. En realidad, la izquierda fundada en 1928 por José Carlos Mariátegui, emerge como un partido de masas en las elecciones de 1945. Tres lustros después pasarían a formar la base social más activa de la llamada “lucha armada”, no obstante su auto canibalismo político, sus dubitaciones e incesantes divisiones.

La alianza construida por el APRA y la UNO fue el resultado de un largo proceso de maduración, en el que el APRA renunció a su programa antiimperialista y a las grandes transformaciones sociales, lo que le costó caro e incluso la posterior ruptura del partido.

Empero estableció un gobierno estable con un manejo importante en una porción del Estado. Por su parte, la oligarquía accedió a aceptar algunas pálidas reformas como ensanchar la frontera agrícola, realizar una moderada expropiación de tierras de haciendas improductivas y desarrollar un programa de sustitución de importaciones por medio de la industrialización del país, abandonando el modelo primario-exportador. De este modo, se dio origen a una alianza económica de industriales con las economías de exportación tipo agro-minera y que supuso el quiebre del pacto oligarquía-gamonalismo.

Sin embargo, el proceso de industrialización y el modelo de sustitución de importaciones desató un acelerado proceso de migración y la consiguiente urbanización del país. A ello se sumó el descontento del movimiento campesino que reclamaban la tierra y la urgente promulgación de una reforma agraria más radical. La actitud del gobierno de la convivencia para estos casos fue confrontacional y excluyente, hecho que dio lugar al surgimiento de Acción Popular y el fortalecimiento de la Democracia Cristiana, partidos que reclamaban una segunda ola de reformas que redistribuyeran riqueza y formaran una base sólida para un capitalismo más extendido. El principal rasgo de estos partidos es el desarrollismo populista. Primó en ellos la opción reformista para realizar las transformaciones sociales, dejando de lado la opción confrontacional y la revolución como vías del cambio social.

La etapa de democracia sin democracia y la tesis del no partido (1968-1975) Se caracterizó por la exclusión de todas las fuerzas políticas. El APRA y AP optaron por el destierro y el silenció, en el caso del primero reclamando constantemente la autoría de las reformas que emprendió el gobierno de Velasco; en tanto que el otro desconcertado buscó el apoyo de los Estados Unidos para ejercer fuerza desde afuera y aislar al Perú. Por su parte, el régimen logra la adhesión de la Democracia Cristiana y en particular de su líder Héctor Cornejo, mientras que la izquierda moderada se adhirió al programa reformista de Velasco.

Al otro lado de la balanza se encontraban los partidos radicales de izquierda que boicotearon el proceso de reforma y agudizaron la confrontación con el régimen.

Velasco quiso terminar con el proceso de transacción que había impuesto ritmos muy lentos a las reformas sociales. Buscó apoyo de cuanta fuerza populista existiera y confrontó abiertamente a los partidos de la súper convivencia (APRA-UNO-PPC-AP), la oligarquía nacional y el empresariado extranjero. Todo ello permitió construir una amplísima base social que fue el sustento del régimen hasta 1975, cuando los indicadores macroeconómicos evidenciaron el inicio de una severa crisis.

A pesar del apoyo de los sectores radicales del populismo, principalmente del Partido Comunista y la DC (Democracia Cristiana), el régimen estaba convencido de las limitaciones que representaba el modelo partidario y para combatirlo y reducirlo a su mínima expresión implementó la tesis de la democracia directa. Así, el régimen nacionalizó el petróleo y la minería, estatizó la banca, la pesca y los medios de comunicación.Paralelamente inició una ofensiva total en el medio rural por medio del SINAMOS, que puso en la práctica los anillos burocráticos de participación popular. Sin embargo, este esquema no pudo evitar la confrontación con los empresarios que se vieron marginados y los sindicalistas que entendieron que tras el SINAMOS vendrían inevitablemente las Organizaciones Estatales paralelas, percepción correcta, porque a partir de 1972 el régimen impulsó el Movimiento Laboral Revolucionario, la Central de Trabajadores de la Revolución Peruana, Confederación Nacional Agraria y el Sindicato de Educadores Revolucionarios. El resultado fue la agudización de la confrontación y el aumento del autoritarismo, que justificó el relevo de Velasco a mediados de 1975.

La etapa de transición democrática (1977-1980) así denominaremos al Gobierno de la segunda fase militar que se caracterizó por el decaimiento de los ritmos reformistas de la primera etapa, aumentándose las presiones políticas para una salida que garantice la vuelta a un sistema democrático amplio y un retorno decoroso para los militares. En esta perspectiva apuntaron el APRA y el PPC, en cambio AP optó por el retorno incondicional de la democracia; las izquierdas entendieron la voluntad negociadora del régimen como debilidad y agotamiento.

La etapa siguiente del retorno democrático en crisis y guerra se caracterizó por el regreso de la democracia y el sistema de partidos que agregado al espíritu anti militarista de aquellos años, fue propicio a Belaúnde para elegirse nuevamente como Presidente.

Tras el amplio predominio electoral de los partidos políticos a lo largo de cinco décadas, ingresaron en una profunda crisis, que inicialmente fue de carácter programático. Insistieron en sus proyectos de reforma, que recogían cada vez menos las demandas populares y poco a poco resultaron inadecuados dejando traslucir el pensamiento de élites partidarias que sólo eran representativas de algo más que ellas mismas. A ello se añadió una segunda crisis, esta vez partidaria, su escasa democracia interna y caudillismo provocaron descontento al momento de elegir autoridades y candidatos, y desasosiego y frustración. Así, los partidos dejaron de influenciar en la vida y pasaron a ser minúsculas realidades en el siguiente periodo.

La etapa que apertura Fujimori, a la que denominaremos de la doble faz o crisis de los partidos e independentismo, marca el inicio de esta larga crisis que ha conducido al languidecimiento de los partidos políticos. Todos ellos que anteriormente captaron aproximadamente el 95 % de los votos, en la década siguiente cedieron terreno ante los movimientos independientes que saltaron de la escena municipal a la nacional y se convirtieron en la principal opción política de la década, siendo respaldados por el 65 % del electorado nacional. De este modo, el independentismo cobró bríos y socavó el sostén social de los viejos partidos. Por ejemplo, la IU (Izquierda Unida) en solo un lustro paso de 26 % del electorado al 5 % y en 1995 cayó a 0.55 % quedando nula su inscripción. Situación similar ocurrió con el APRA que paso del 47 % en 1995 a 21.3 % en 1990 y a 4.11 % en 1995. Acción Popular, del espectacular 46 % de 1980 descendió a 5 % en 1985 y en forma unida con el PPC y Libertad (FREDEMO) logro el 30 % en 1990 y recientemente no superó el 2 % en 1995, perdiendo su inscripción como partido, aunque recuperándola poco tiempo después.

Surgieron muchos movimientos que se distanciaron de los partidos políticos nacionales e irrumpieron en la escena municipal con relativo éxito hasta lograr consolidar un importante 15 % de los gobiernos locales entre 1980 y 1983. Luego este proceso se incrementó y ante la disputa de los grandes partidos, la opción independiente era la que mejores consensos recogían, tanto por el carácter vecinal de las candidaturas locales, como por las posibilidades de disminuir el castigo político con el que eran marcados los alcaldes de determinados signos partidarios contrarios al gobierno central.

La posterior diáspora de la IU, después de los 90, contribuyó a incrementar el fenómeno independentista, que en el caso regional cobró importancia por la gestación de diversos bloques regionales, los que se vieron contribuidos desde otras opciones políticas como el APRA y AP, que redujeron su militancia y su radio de influencia. Así, los independientes se convirtieron en los nuevos portavoces de un electorado insatisfecho y deseoso de lograr vientos de renovación política.

3. Los movimientos regionales: hacia un balance inicial.
La aparición en escena de movimientos regionales es la evidencia de la diversidad social del país, en particular, de sus estructuras políticas. Los movimientos regionalistas son las mejores constataciones que “lo nacional” como construcción política tiene sus límites, que no se expresan solamente en la institucionalidad del Estado, tal vez el más centralista de nuestra región latinoamericana, sino también en el carácter focalizado y elitista que dominó la tradición política de los partidos.

En política, lo regional responde a la escasa tradición partidaria y la casi inexistente institucionalidad democrática. Para ello basta recordar que a lo largo de 177 años de vida republicana, se han sucedido un total de 62 gobernantes. Entre 1821 y 1872 se establecieron regímenes mayoritariamente militares, que salvo el caso de la elección de Ramón Castilla y su posterior sucesor el Presidente Rufino Ehechenique, fue un periodo dominado por el militarismo.
De otro lado, el surgimiento de los partidos regionales es la demostración de que los grandes partidos a nivel nacional, no recogen en sus programas los requerimientos de la región, están desfasados o han sido ahogados por el clientelaje y el cacicazgo partidario en detrimento de la democracia que debe primar en todo partido. Se debe anotar que, en la base social de un buen número de partidos regionales se hallan elementos dispersos de la izquierda.

El surgimiento de los primeros partidos políticos (Civil, Constitucional, Liberal, Demócrata y Nacional) estuvo marcado por el elitismo y como tal su efecto se redujo a las ciudades y en particular a Lima. Este modo de pensar, de plano oligárquico, dominó el final del siglo XIX y las dos primeras décadas del presente. Así, “lo nacional” como concepto político partidario se reducía a la disputa en Lima, el Congreso Nacional y el gobierno. La participación de las regiones y sus representantes se basó en el pacto entre oligarquía y gamonalismo que fue sustento de la República Aristocrática. Este efecto concentrado de la lucha política en Lima se vio reforzado por el carácter restrictivo de la masa de electores, que según Basadre, no supero el 3 % de la población nacional. En resumen, el carácter excluyente de la política partidaria durante la República Aristocrática permitió acuñar un espacio amplio para la aparición posterior de movimientos políticos regionales.

Las regiones lucharon desde dentro y afuera de sus estructuras partidarias, reclamando mejoras en el terreno económico y mayor autonomía en el plano político. Esta constante confrontación con el gobierno central las llevó a abandonar el activismo partidario e ir construyendo referentes locales o regionales. De este modo, los movimientos regionales marcan el inicio de un proceso independentista que tiene su origen en el carácter excluyente del Estado y en la actitud centralista de la institución partidaria nacional.

1. El regionalismo económico.- Este tipo de regionalismo es producto del éxito económico del modelo primario-exportador que tuvo como principal referente al movimiento de los caucheros de Iquitos. En efecto, tras el efímero episodio del auge del caucho, la burguesía cauchera se vio en crisis por la caída de los precios internacionales y el posterior predominio de las exportaciones provenientes del Asia. Crisis que se agudizó por el descubrimiento del jebe sintético. Los caucheros loretanos reclamaron la intervención del gobierno y la aplicación de subsidios que impidieran el derrumbe de sus cultivos industriales. El gobierno decidió no intervenir y ello provocó el levantamiento de Iquitos en 1930; crisis que se mantuvo hasta muy entrado el gobierno de Sánchez Cerro, quien restableció la autoridad del Estado y desterró a los cabecillas del movimiento.La enseñanza fue clara, el movimiento regional basado en el interés de un pequeño grupo de oligarcas enfrentado al Estado, no tuvo éxito.

2. El regionalismo funcional o corporativo.- Este regionalismo surgió inmediatamente después, como la forma más generalizada de comportamiento de las élites provinciales, que comprendieron que enfrentándose al centralismo no ganaban nada. Por ello, decidieron participar activamente de la “política nacional” aceptando las prebendas y los cupos ofrecidos por los partidos nacionales. De este modo, el congreso se pobló de una representación “formalmente” regional y amplia, pero política, intelectual y prácticamente nula.

Esta experiencia obedeció a una lógica de defensa de los intereses terratenientes que representaban ante el peligro que significaba el desarrollo industrial. La presencia de los políticos “provincianos”, sirvió, con excepciones, para prolongar el pacto entre oligarquía y gamonalismo y evitar las transformaciones que el Perú reclamaba, como la reforma agraria.

Por su parte, las élites provincianas respondieron a las demandas sociales con la partición administrativa del Estado.Paralelamente hicieron suyas las banderas por la distritalización y la provincialización de la región, con lo que detuvieron el desborde social. Para los movimientos regionales de entonces, la sucesiva división política del territorio era la esencia de una lucha por el desarrollo. El acercamiento al poder, supuestamente se daba por la creación de nuevos gobiernos locales, que eran copados por lo notables.

3. Los regionalismos reivindicasionistas.- Este tipo de movimiento regional surgió como resultado del acentuado centralismo económico que se agudizó a lo largo de los 70 y 80, que tuvo como principal eje la demanda de creación del canon, primero petrolero y luego minero, como un mecanismo de redistribución económica al que tienen derecho los pueblos depositarios de importantes riquezas naturales.

En este tipo de regionalismo se resaltan los movimientos regionalistas del norte del país, en particular el Frente de Defensa de Piura, que logró la ley del canon petrolero. Aquí se añade la experiencia de los diversos Frentes de Defensa, que a lo largo y ancho del país, reclamaron la extensión del canon a la actividad minera y la ejecución de importantes proyectos de infraestructura, como en los casos de Chiclayo, Tacna, Arequipa, Cusco, Puno. Mención especial merece el movimiento regionalista de Ucayali que no solo contribuyó decididamente la dación de la ley del canon, sino que logró la creación de un nuevo departamento y la consiguiente “independencia administrativa” de Pucallpa en relación a Iquitos.

4. El regionalismo electoral.- Como resultado de la profunda crisis en la que se vieron envueltos los partidos nacionales y el consiguiente descenso de sus preferencias electorales, los movimientos regionales se construyeron sobre opciones independientes, participando activamente en las elecciones y obteniendo resultados abrumadores.

En 1980 los independientes lograron 7.4% del electorado, para alcanzar en 1989 el 28.7% y convertirse en el 64.7% en 1993, dando lugar a que el movimiento regionalista de los 80 y 90 sea resultado del desgaste político de los partidos nacionales que fueron dejando amplios sectores sociales del país y convirtiéndose en expresiones marginales.

Paralelamente, la participación política de las identidades locales fue en aumento, dando origen al reconocimiento de nuevas personalidades de liderazgo regional y presencia nacional.

5. El regionalismo político.- Plantea cuestiones de mayor trascendencia que comprenden aspectos vinculados a la propia organización del Estado y el sistema político a imponer. Cabe destacar el movimiento del sur Peruano en la década del 20, que desde la clandestinidad de la Logia Federalista constituyó uno de los primeros movimiento en contra de Leguía y su alianza con el capital extranjero. Sobre la base de la Logia Federal se difundieron las ideas descentralistas y en particular las regionalistas, de claro entronque con la corriente reivindicativa del indigenismo.

La propuesta de la Logia se fundamentó en las ideas federativas que reclamaban un Estado propio, diferente al que se conducía desde Lima.

Entre los principales postulados programáticos, la Logia proponía la autonomía regional, la descentralización administrativa y económica, la creación de los Consejos Departamentales de Administración que gobernarían las Juntas Departamentales, apoyo al agro nacional, creación de escuelas para agrónomos en la sierra y la selva, entre otras muchas más. Para su época, la Logia fue un movimiento de cuño moderno y de notable talento organizador, en la medida que supo sublevar a todo el sur y de esta manera contribuir al derrocamiento del dictador Leguía. De un modo u otro, este regionalismo fue cualitativamente distinto, no le interesaba prolongar el pacto gamonal oligárquico, ni mucho menos ponerse en contra de las reformas económicas que modernizaban el país, por el contrario, promovieron un programa lo suficientemente plural que marcó el inicio de una importante participación política nacional en los años de 1930-1936. Sobre la base programática y organizativa de la Logia Federal se constituyó el primer partido de corte descentralista, que fue el Partido Nacionalista Agrario, que contó con las simpatías de los pueblos de Cusco, Puno, Arequipa. Posteriormente cambió de nombre por el de Partido Descentralista, hecho político que ocurrió en la ciudad de Arequipa en el segundo lustro de 1920.

El Partido Descentralista en forma rápida logró colocar a su máximo líder y fundador Samanez Ocampo el frente del gobierno provisional que convocó a la Asamblea Constituyente de 1931. En su corta permanencia en el poder llevó adelante una serie de reformas que consolidaron la situación política de su partido, que obtuvo 33 escaños en dicha Asamblea, los suficientes para introducir en la Carta Política del 33, reformas de corte descentralista como los Consejos Departamentales. De esta forma, el programa de la Logia Federal logró concretarse en parte, sin embargo de lo cual la ausencia posterior de un liderazgo más carismático y de un talento organizador provocaron el declive del Partido Descentralista y su posterior desaparición.

Pese a la escasa institucionalidad de los movimientos regionalistas, éstos constituyen una posibilidad real de modernizar la política y de insertar una corriente verdaderamente renovadora en el Estado.

4.- Los partidos regionales:
Democracia es sinónimo de fortaleza política, por tanto el funcionamiento del sistema democrático se basa en la existencia de instituciones políticas sólidas que permitan el diálogo permanente entre sociedad y Estado. Los partidos políticos modernos son instituciones básicamente programáticas, de amplia representación social y mecanismos democráticos en su funcionamiento interno, cuestiones que debieran ser tratadas en la futura norma de partidos políticos.

Sin embargo, en la escena nacional permanecen dos factores negativos que se retroalimentan. Por un lado, la falta de voluntad política renovadora en los partidos y, por otro, los “independientes” renuentes a la “institucionalización” de su quehacer, obstaculizando el surgimiento de nuevos actores políticos y manteniendo viejos patrones de comportamiento, muchos de ellos similares e inclusive peores que los partidos “tradicionales”, blanco de sus críticas. A ello se añade una lectura inadecuada de la realidad, ausencia de democracia interna y fiscalización de sus representados, que convive con un alto grado de burocratismo y centralismo, que los convierten en oligarquías políticas en crisis.

Sería incompleto encarar la descentralización del Estado, sin que ello vaya acompañado de una reforma en el terreno político partidario, que se convierta en una herramienta de distribución del poder para el desarrollo. La necesidad de descentralizar la política a las regiones y municipios, no está basada en la especulación sino en el largo derrotero de la experiencia nacional-local y la tradición internacional, de la cual podemos extraer cuatro criterios para sustentar el reconocimiento de los partidos políticos locales y regionales.

1. El criterio de heterogeneidad social.- La sociedad nacional está compuesta por diversos grupos que tienen variedad de valoraciones culturales, lazos históricos y visiones en conjunto sobre el progreso, el bienestar, valores éticos, vocación religiosa, etc. En el caso del Perú, desde épocas muy tempranas, “lo andino” estuvo formado por muchos grupos étnicos, cuyas lógicas de comportamiento continúan influyendo en su vida individual y social. Parte de esta sorprendente diversidad ha llegado hasta nuestros días, transformando las raíces étnicas y culturales bajo los efectos coloniales y republicanos, hasta dar contenido a la heterogeneidad regional del Perú contemporáneo.

2. El criterio de la inclusión.- Bajo este régimen político, en el presente siglo, se ha logrado la incorporación de importantes sectores de la sociedad al universo electoral, a través del voto femenino y de los analfabetos. Ambos criterios, inclusión y heterogeneidad, permiten participación de diversos sectores sociales en la vida nacional, lo que no debe restringirse al derecho de elegir sus autoridades locales, sino ampliarse permitiendo la participación en la política del gobierno central.

3. El criterio de participación de las minorías, según el cual el Estado busca resolver el conflicto de representación. No es suficiente asignar una proporción determinada de representantes a las minorías, sino que debe reconocérseles el derecho de formar colectividades políticas y participar en el manejo del Estado. Así, las minorías no sólo gozarían de representación, sino que reivindicarían el derecho ciudadano a participar en forma organizada y colectiva en la vida pública del país.

4. La legitimidad política es un criterio que permite otorgar un reconocimiento jurídico a las diferencias pluri-nacionales, que guarda relación con las corrientes modernas por descentralizar el Estado y propiciar la participación. La legitimidad política en las democracias desarrolladas ha logrado un reconocimiento constitucional expreso. En España, por ejemplo, se reconoce la existencia de un nivel intermedio de gobierno, con autonomía política y económica, situación que faculta que las organizaciones políticas de carácter regional participen en cualquier nivel de gobierno, si esa fuese su voluntad.

Estos aspectos requieren de un contexto jurídico nuevo. Es necesario desarrollar la legislación para reconocer la existencia de las expresiones políticas regionales como parte de un fenómeno de renovación democrática. Las organizaciones políticas regionales y locales muchas veces bajo el disfraz de “lo vecinal” son una realidad que participa periódicamente en las elecciones municipales provinciales o distritales, que gobiernan exitosamente a gran parte de las municipalidades del Perú por medio de los Frentes Políticos o Movimientos Independientes, convertidos en la práctica cotidiana en verdaderas alternativas de respuesta social a los partidos “tradicionales”.Los partidos políticos regionales pueden ser un factor importante de estabilidad y gobernabilidad y establecer una nueva correspondencia política a las preocupaciones y actuaciones de orden nacional, regional y local.

Por lo dicho hasta aquí, el reconocimiento de los movimientos políticos regionales se basa en el ejemplo de las democracias occidentales. Sin embargo, la diversidad regional no es exclusiva de España, Italia los países Balcánicos, Alemania o la Federación Rusa, sino que tiene correlatos más próximos como Colombia, Venezuela o Chile que cuentan con legislaciones que reconocen la participación de los partidos regionales a partir de los criterios antes mencionados. El Perú no puede contentarse con una legislación conservadora en este plano; debe propender a una modernización auténtica de la política como parte de una reforma profunda del Estado.

5. Partidos regionales: un esbozo de la nueva democracia. Esta norma tienen como principal objetivo dar reconocimiento legal de los partidos y movimientos regionales en su justa aspiración de lograr presencia nacional para fortalecer la democracia y establecer mecanismos que permitan lograr mayor legitimidad en la representación de las sociedades regionales y, de este modo, conseguir que el Estado exprese de mejor manera el pensamiento político de la nación.